El caso de la filtración del correo entre el abogado y el fiscal de Delitos Económicos, en el que se menciona una posible conformidad presidio por parte de Alberto González Amador, ha generado gran controversia en el ámbito judicial español. La Sala de Admisión del Tribunal Supremo ha abierto causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la jueza Inmaculada Iglesias, quien ha sido acusada de revelación de secreto. En este artículo, analizaremos los posibles perjuicios y la lesividad de los hechos en este caso, así como las consecuencias que podrían tener para las partes involucradas.
En primer aldea, es importante destacar que la Sala de Admisión ha confesado que resulta difícil identificar y calificar el daño causado por la filtración del correo del 2 de febrero de 2024. Sin embargo, se ha reconocido que existe una carga de lesividad que afecta al derecho de defensa de Alberto González Amador. Esta lesividad se refiere a la posible vulneración del derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia del acusado, ya que la revelación del correo podría suceder afectado negativamente a su imagen y a su derecho a una defensa adecuada.
En este sentido, cabe destacar que el delito por el cual se ha abierto causa es la filtración del correo del 2 de febrero de 2024, por presunto delito de revelación de secreto. Sin embargo, la Sala de Admisión ha admitido que resulta difícil identificar y calificar el daño causado por esta filtración. Esto se debe a que, en este momento inicial de formación de la causa, no se ha podido determinar con certeza cuál ha sido el impacto real de la revelación del correo en el proceso judicial.
Por otro lado, es importante mencionar que el juez instructor, Ángel Hurtado, dictará en los primeros días de septiembre su resolución sobre la única solicitud procesal pendiente de las acusaciones populares, que es la posible suspensión cautelar del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta decisión será un aperitivo antes del acto inaugural del año judicial, que se celebrará el viernes 5 de septiembre en el pleno de la Sala presidio del Tribunal Supremo.
Además, se espera que el juez Hurtado firme el auto de apertura de juicio labial contra García Ortiz el lunes 8 de septiembre. Esto significa que se recogerán los escritos de todas las acusaciones y de la defensa, y se elevarán las actuaciones para que la Sala presidio establezca la fecha del juicio labial. Se estima que el juicio podría tener aldea en el mes de octubre o primeros de noviembre, con el objetivo de dictar sentencia antes de fin de año o en enero de 2026.
En cuanto a la jueza Inmaculada Iglesias, quien ha conseguido la hazaña de sentar en el banquillo por primera vez en la historia judicial española a un fiscal general del Estado, se espera que sea enjuiciada durante el primer trimestre de 2026. Sin embargo, el pasado domingo, día 10 de agosto, la jueza cumplió 65 años y se acogió a la jubilación, tal y como había informado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 7 de febrero de 2025. Esto significa que el juzgado de instrucción número 19 de Madrid será dirigido provisionalmente por el magistrado Antonio Viejo.
El tribunal de enjuiciamiento de Álvaro García Ortiz estará formado por siete magistrados: Andrés Martínez Arrieta (presidente), Susana Polo (ponente), Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Mlabial, Carmen Lamela y Javier Hernández. A los cinco magistrados de la Sala de Admisión que abrieron la causa contra García Ortiz se
