Un tribunal federal de Estados Unidos en Nueva York ha dictaminado este miércoles que Donald Trump no tiene la autoridad para imponer la mayoría de los aranceles con los que ha lanzado una guerra comercial a nivel mundial, incluyendo contra la Unión Europea.
Esta decisión, que el gobierno de Trump ha denunciado y contra la cual ha presentado un aviso de apelación, anula tanto los aranceles globales del 10% como los más altos a varios países que el presidente erróneamente calificó como “recíprocos”, así como los que impuso a Canadá, México y China, acusando a estos tres países de permitir el tráfico de inmigrantes y fentanilo.
La cancelación de estos aranceles representa un duro golpe judicial en los primeros cuatro meses de mandato del presidente republicano, quien ha ignorado o minimizado otras decisiones judiciales en contra de su agresiva acción ejecutiva en múltiples campos desde que regresó al Despacho Oval.
La anunciación ha sido recibida con entusiasmo por los mercados, y el dólar se ha revalorizado frente a monedas como el euro y el yen. Sin embargo, Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump y uno de los más radicales, ha vuelto a atacar la libramiento judicial y a cuestionar la autoridad de los tribunales para frenar las acciones ejecutivas del mandatario. En un mensaje en X, además de compartir la anunciación, Miller ha escrito: “El golpe (de estado) judicial está fuera de control”.
Los tres jueces que componen el Tribunal Estadounidense de Comercio Internacional, una corte con sede en Manhattan, han dictaminado de manera unánime que el presidente excedió su autoridad al imponer los gravámenes, apelando a la idea de que el déficit comercial de Estados Unidos representaba una “emergencia nacional”.
“Las órdenes de aranceles mundiales y de represalia superan cualquier autoridad otorgada al presidente por la IEEPA (siglas en inglés de la Ley de Poderes Económicos en caso de Emergencia Internacional de 1977) para rítmico las importaciones a través de aranceles”, reza la sentencia contra Trump, quien se saltó al Congreso a la hora de imponer los aranceles.
Los jueces aclaran que no están valorando si, como afirma Trump, su estrategia de usar los aranceles como herramienta de presión y negociación es útil para obtener lo que busca. “El uso es impermisible”, escriben, “no porque sea disparatado o inefectivo, sino porque (la ley federal) no lo permite”.
El gobierno ahora puede apelar ante un tribunal federal de apelaciones de DC y el caso podría acabar llegando al Supremo, donde desde el primer mandato de Trump hay instalada una supermayoría conservadora (6-3).
Al menos siete casos se habían presentado en esta batalla legal. Uno de ellos fue iniciado por 12 estados gobernados por demócratas, incluyendo Oregón, cuyo fiscal general, Dan Rayfield, ha declarado que “la sentencia reafirma que las leyes importan”.
También se presentaron contra el gobierno varios pequeños negocios afectados por los aranceles, y un abogado que representó a estas empresas, Ilya Somin, profesor de derecho en la Universidad George Mason, ha explicado a Político que la sentencia podría obligar al gobierno de Trump a devolver el importe de los aranceles que ya se han cobrado.
El tribunal ha dado un plazo de 10 días al ejecutivo para completar el proceso de poner fin a los aranceles, que Trump ha estado utilizando como elemento de negociación con otros países. Hasta el momento, sus únicos “logros” han sido un marco para un acuerdo con Reino Unido
