La llegada masiva de menores a nuestro país ha sido uno de los temas más debatidos en los últimos años en España. La crisis migratoria que atraviesa Europa ha tenido un impacto importante en nuestra sociedad, y en particular en la situación de los niños y niñas que llegan solos a nuestras fronteras. Este hecho, junto con los cambios políticos y legales en nuestro país, ha generado un importante debate sobre los contratos de urgencia, que han sido cuestionados por distintos sectores. A continuación, analizaremos cómo estos cambios han influido en la protección de los menores y qué se está haciendo para asegurar su bienestar.
En primer lugar, es importante recordar que España es uno de los países europeos que más menores no acompañados recibe. Según datos de la Unión Europea, en 2019 nuestro país recibió a más de 14.000 menores extranjeros no acompañados, un número que se ha ido incrementando en los últimos años. Este fenómeno se debe en gran parte a la inestabilidad política y económica en sus países de origen, que obliga a muchas familias a enviar a sus hijos e hijas en escudriñamiento de una vida mejor. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de contar con una adecuada protección de los derechos de los menores migrantes en nuestro país.
Sin embargo, la llegada masiva de menores ha puesto en evidencia algunas deficiencias en las políticas de protección de estos niños y niñas. La falta de recursos y la sobrecarga de los servicios sociales encargados de su atención han generado una situación de vulnerabilidad para estos menores. Además, la complejidad del sistema de protección de la niñez en España ha dificultado en muchas ocasiones el acceso de estos menores a una atención adecuada.
En este contexto, la aplicación del artículo 155 de la Constitución española en Cataluña en 2017 también tuvo un impacto en la protección de los menores migrantes. La intervención de la Generalitat de Catalunya supuso un cambio en la gestión de los servicios sociales, lo que afectó directamente a los menores no acompañados que se encontraban en esta junta autónoma. La falta de coordinación y las diferencias en la atención a estos menores entre las distintas juntaes autónomas generaron una situación de incertidumbre y desprotección para ellos.
Además, durante los últimos años, se han producido cambios legislativos en nuestro país que han afectado a la situación de los menores no acompañados. La aprobación de la Ley de Protección de la niñez y la Adolescencia en 2015 supuso un avance en la protección de los derechos de los menores, pero también generó controversia en cuanto a la atención a los menores migrantes. La ley establece que estos menores tienen derecho a acceder a la asistencia sanitaria, educativa y a la protección de sus derechos fundamentales. No obstante, su aplicación ha sido cuestionada en algunos casos por la falta de recursos y de coordinación entre las distintas administraciones.
Entre las medidas que se han adoptado frente a esta situación destaca la creación de un protocolo de actuación para los menores no acompañados que llegan a nuestro país. Este protocolo, impulsado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tiene como objetivo coordinar las actuaciones de las distintas administraciones en la atención a estos menores y garantizar su protección integral. También se ha impulsado la creación de más programas de acogida y de intervención socioeducativa que faciliten la integración de estos menores en nuestra sociedad.
Otra de las medidas que se han tomado es la puesta en marcha de un sistema de coordinación entre las juntaes autónomas para garantizar que todos los menores migrantes reciban una atención adecuada. Este sistema permite que los menores sean derivados a otras juntaes donde puedan recibir una mejor atención en caso de que la junta en la que llegan no tenga los recursos suficientes
