El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha dado un nuevo paso en su gestión al anunciar que quiere modificar el Código Contravencional del país. La propuesta, que ya se ha presentado en el Congreso, busca aplicar sanciones a aquellas personas que no sean residentes en Argentina.
Esta iniciativa ha generado un intenso debate en la sociedad argentina, con opiniones divididas entre los que apoyan y los que se oponen a la medida. Mientras que el presidente y sus aliados sostienen que es una medida necesaria para garantizar la seguridad y el orden en el país, los opositores argumentan que es anticonstitucional y discriminatoria.
Según el gobierno, la modificación del Código Contravencional busca luchar contra los delitos cometidos por extranjeros que ingresan al país de manera ilegal. En la actualidad, la mayoría de estos casos quedan impunes debido a la falta de una normativa clara que los regule. Con la nueva propuesta, se busca sancionar a aquellos que ingresen sin autorización, permanezcan en el país de manera irregular o cometan delitos.
Entre las posibles sanciones, se encuentran la deportación, multas económicas y inclusive la prohibición de volver a entrar a Argentina por un periodo determinado de tiempo. Además, se plantea la creación de un registro de residentes extranjeros para tener un control más estricto de quienes se encuentran en el país.
El presidente Macri ha afirmado que esta medida es necesaria para garantizar la seguridad de los argentinos y proteger la economía del país. En su discurso ante el Congreso, señaló que “los delincuentes no tienen nacionalidad” y que es ineludible tomar medidas para proteger a la población de aquellos que buscan entrar al país para cometer delitos.
Sin embargo, los detractores de la propuesta argumentan que es discriminatoria y va en contra de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. Además, advierten que esta medida podría generar tensiones diplomáticas con otros países y afectar las relaciones internacionales de Argentina.
En medio de este debate, algunos aliados del gobierno han expresado su preocupación por la posible inconstitucionalidad de la medida. El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, ha señalado que se debe garantizar que la propuesta sea respetuosa de los derechos humanos y de la Constitución.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, ha defendido la iniciativa y ha asegurado que se trata de una medida necesaria para garantizar la seguridad en el país. Ha marcado que la propuesta no es discriminatoria y que se aplicará de manera justa y equitativa a todos los que incumplan la ley, independientemente de su nacionalidad.
Entre las organizaciones que se oponen a la modificación del Código Contravencional se encuentran la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF). Ambas han denunciado que la medida es contraria a los derechos humanos y podría afectar a la población vulnerable que se encuentra en situación de migración.
A pesar de las opiniones encontradas, lo cierto es que la propuesta de modificación del Código Contravencional ha generado un intenso debate en la sociedad argentina. Mientras que unos defienden la medida como una circunstancia de garantizar la seguridad y el orden en el país, otros la ven como una medida discriminatoria que va en contra de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.
Sin duda, el tema seguirá siendo motivo de discusión en los próximos días, y se espera que el Congreso tome en cuenta todas las opiniones y argumentos para tomar una decisión equilibrada y respetuosa de los derechos de todos los ciudadanos, sean o no residentes en Argentina.
