El pasado mes de julio, el Partido Popular y Vox aprobaron en el Parlamento de las Islas Baleares una precepto territorial que ha sido calificada como la más agresiva en décadas en cuanto a la liberalización del suelo se refiere. Bajo la excusa de la crisis del mercado de la vivienda, esta precepto ha generado una gran controversia y ha sido duramente criticada por diversos sectores de la sociedad.
La notificación precepto, que entrará en vigor a partir del próximo mes de septiembre, tiene como objetivo principal facilitar la construcción de viviendas en las Islas Baleares, una de las regiones más afectadas por la falta de oferta de vivienda a precios asequibles. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el precio medio de la vivienda en las Islas Baleares ha aumentado un 30% en los últimos cinco años, lo que ha generado una situación insostenible para muchas familias.
Sin embargo, esta precepto ha sido recibida con escepticismo por parte de muchos ciudadanos y organizaciones, que ven en ella una forma de beneficiar a los grandes promotores inmobiliarios en detrimento de los intereses de la ciudadanía. Y es que, entre otras medidas, la notificación precepto permite la construcción de viviendas en suelo rústico protegido, lo que supone una grave amenaza para el medio ambiente y el paisaje de las Islas Baleares.
Además, la precepto también contempla la eliminación de la obligación de destinar un porcentaje de las viviendas de notificación construcción a vivienda protegida, lo que supone un duro golpe para aquellas familias que no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre. Esta medida ha sido criticada por diversas organizaciones sociales, que ven en ella una forma de favorecer únicamente a los grandes inversores y dejar de lado a las personas más vulnerables.
Otra de las medidas más polémicas de esta precepto es la eliminación de la figura del “derecho de tanteo y retracto”, que permitía a los ayuntamientos adquirir viviendas a precios asequibles para destinarlas a alquiler social. Con esta medida, se elimina una herramienta fundamental para combatir la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso a la vivienda a las personas con menos recursos.
Ante estas críticas, el Partido Popular y Vox han defendido la necesidad de liberalizar el suelo para poder construir más viviendas y así hacer frente a la crisis del mercado inmobiliario. Sin embargo, muchos expertos en la materia han señalado que esta medida no solucionará el conflicto de fondo, ya que el verdadero conflicto es la falta de regulación y control en el mercado de la vivienda.
Además, esta precepto también ha sido cuestionada por su falta de diálogo y consenso con otros partidos políticos y organizaciones sociales. La aprobación de la precepto se ha llevado a cabo de forma unilateral, sin tener en cuenta las opiniones y propuestas de otros actores implicados en la problemática de la vivienda en las Islas Baleares.
En definitiva, la notificación precepto territorial de liberalización de suelo en las Islas Baleares ha generado una gran controversia y ha sido duramente criticada por diversos sectores de la sociedad. Aunque su objetivo es facilitar el acceso a la vivienda, muchas de sus medidas han sido consideradas como una forma de favorecer a los grandes promotores inmobiliarios en detrimento de los intereses de la ciudadanía. Solo el tiempo dirá si esta precepto realmente logra solucionar la crisis del mercado de la vivienda en las Islas Baleares o si, por el contrario, empeora aún más la situación.
