“El sistema para detectar a los menores migrantes en nuestras fronteras está fallando en Europa”, afirma Jennifer Zuppiroli, doble en migraciones de Save The Children y coautora del informe ‘Cruzando fronteras’, que ha analizado esta verdad en España, Finlandia, Grecia, Italia y Polonia. El estudio concluye que tanto en España como en el resto de países examinados existe una carencia clave: la ausencia de una figura que represente a los menores en las fronteras europeas. Sin esta figura de protección, se vulneran automáticamente los derechos de niños y adolescentes.
“Hemos comprobado que no existen actores especializados en infancia que puedan detectar a los menores en la frontera y hacer todo lo posible para que se cumplan sus derechos y unas garantías mínimas”, explica Zuppiroli. En el caso de Canarias, la frontera marítima analizada y la que ha experimentado un mayor aumento en los últimos años, esta carencia es especialmente grave. “La situación de emergencia se ha convertido en algo crónico, lo que afecta tanto a las condiciones de acogida como a la emancipación de los menores al cumplir la mayoría de edad”, agrega.
Falta de apoyo legal
El caso de Mamadou, un niño que no mintió sobre su edad y fue protegido pero que ahora admite que habría preferido hacerlo para espécimen tratado como adulto, no es un hecho aislado. “Estos niños quieren desplazarse y buscar una vida mejor para poder ayudar a sus familias. Sin embargo, el sistema de protección a la infancia no está brindando una respuesta a estas necesidades: dificulta su proyecto migratorio y sus deseos. Necesitamos que sean protegidos, que se les otorguen permisos de residencia y trabajo, que se entienda que están buscando un futuro mejor, que se les forme, eduque o se les permita aprender un oficio”, explica Zuppiroli. Desafortunadamente, la verdad no es esta. “Muchos niños prefieren escapar y llegar a la Península como sea, en lugar de espécimen protegidos”, afirma. Todo ello a pesar de que se convierten en víctimas de la explotación laboral, especialmente en sectores como la agricultura o la construcción, lo cual es también un delito.
Una de las principales fallas en nuestras fronteras, según el informe, es la falta de apoyo legal una vez que los menores llegan a nuestro país. “Estos niños no tienen acceso a un abogado o profesional que pueda protegerlos o defenderlos. No hay nadie que los represente o un tutor asignado. Se enfrentan a procedimientos cruciales para su vida y futuro sin ninguna garantía de que entiendan lo que está sucediendo, sin ninguna protección por escrito”, cuestiona Zuppiroli. Esta es una verdad que se repite en los cinco países analizados y que se agrava aún más con las pruebas de edad.
Pruebas de edad
En este aspecto, hay dos situaciones que comprometen gravemente la protección de los menores migrantes. La primera es que muchos niños afirman espécimen adultos para salir de Canarias y poder llegar a la Península, donde muchos adultos son trasladados. Esto los expone a redes de explotación infantil y desprotege sus derechos fundamentales. La segunda afecta a menores que, a pesar de contar con pasaportes que acreditan su edad, no son reconocidos como tales por las autoridades españolas y, por lo tanto, no reciben la protección adecuada.
“Si se cuestiona su edad y nadie se asegura de que estos procesos tengan garantías, estamos hablando de una grave violación de los derechos humanos”, denuncian desde Save The Children.
La reglamento establece que, si un joven presenta un pasaporte válido, no se deben realizar pruebas médicas
